jueves, 5 de febrero de 2009

En cuanto a la enmienda del 15-F

A fin de evitar especulaciones en cuanto al ¿porqué? decidí intentar un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto a los artículos 340, 342 y 345 constitucional, debo aclarar que:


1º.- No me asiste ningún interés político en particular, ya que nunca he pertenecido, ni pertenezco a movimiento o partido político alguno…, en consecuencia, actúo por cuenta propia, y si alguien que se sienta identificado con esta posición decide solidarizarce, en mi encontrará un aliado incondicional…


2º.- No me considero ni pro-gobierno ni pro-oposición, siempre he pensado que en los regímenes de gobiernos presidencialistas como los Latino-Americanos, el ciudadano siempre ha de ser opositor al gobierno de turno, ya que es una de las formas que tiene de compensar la correlación de fuerzas entre el Poder Delegado y el Poder Constituyente Originario, sin que esto signifique oposición a ultranza, si hay algo que reconocer y/o defender, será reconocido y/o defendido, pero si hay algo que criticar y/o rechazar, será criticado y/o rechazado.

Independientemente de nuestras preferencias políticas, los ciudadanos que no ostentamos cargos públicos, estamos obligados a solidarizarnos los unos con los otros para oponernos a los abusos que se quieran cometer desde el gobierno, es a eso lo que me refiero cuando digo que todos somos oposición…


3º.- Creo firmemente en que la única forma de alcanzar los valores establecidos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, es haciendo valer los preceptos establecidos en el artículo 21 constitucional: “Todas las personas son iguales ante la ley…”, nadie puede ser más igual que otro, sin que esto desemboque en abuso e irrespeto…


4º.- Motivé mi legitimación para intentar el recurso de interpretación en los siguientes términos:


“Como ciudadano venezolano:


a.-) Estoy sometido al imperio de la ley y más aún al pacto social aprobado por la mayoría de los ciudadanos venezolanos, (denominado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año de 1999);


b.-) Formo parte del cuerpo electoral que el 02 de diciembre de 2007, acudió a votar en la consulta sobre la aprobación o NO de la propuesta de reforma constitucional planteada para esa ocasión y que resultó rechazada o negada;


c.-) Entendí que el rechazo a la propuesta antes mencionada, significaba la negativa de modificar cualquiera de los artículos ya propuestos para ser modificados durante el presente período constitucional, según reza el artículo 345 constitucional, (el artículo 230 constitucional, ya fue planteado en la propuesta de reforma rechazada en diciembre de 2007 en su BLOQUE “A”); en consecuencia, entiendo que es mi deber actuar en función del interés de la mayoría que decidió rechazar la propuesta mencionada…;


d.-) Por otra parte, dado mi carácter de elector, interesado en participar mediante los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución, se hace indispensable concretar si los anuncios de convocatoria tienen base real por cuanto la información contradictoria emitida por los medios de comunicación social ha creado la mayor incertidumbre y una duda generalizada en la sociedad venezolana. De estar abierta la vía de una enmienda de la Constitución para permitir la re-elección continuada del presidente de la República me activaría inmediatamente en la organización de los recursos y mecanismos que permitan participar en dicho proceso de conformidad con el artículo 70 de la Constitución federal, así como en proponer un debate público para introducir en dicha enmienda algunos de los artículos ya rechazados que creo que debieron ser modificados.


Como vecino del sector donde ejerzo mi actividad comercial y durante el proceso que finalizó con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional sometido a consulta en el 2007, me dediqué a la tarea de compartir con la gente la importancia que tiene el conocimiento de nuestra Constitución Federal; después de dicho resultado, unos de los puntos que discutimos fue precisamente la viabilidad o no de intentar una enmienda que contenga artículos rechazados en la propuesta mencionada, ya que habían puntos rechazados en la reforma que valía la pena tomar en consideración para proponerlos nuevamente, tal era el caso de la reducción de la jornada laboral, la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia, etc… Hasta la fecha, tenía entendido que durante este período constitucional, no podríamos solicitar dichas modificaciones debido a la prohibición establecida en el artículo 345 constitucional. Es un hecho notorio comunicacional, que el Presidente de la República, actuando como Presidente del Partido Político P.S.U.V., autorizó a su militancia a que recogiera las firmas para solicitar una enmienda constitucional donde se modificase el artículo 230 constitucional, por lo que ahora me sobreviene la duda de nuevo, ¿es constitucionalmente posible intentar por la vía de la enmienda la modificación de artículos que estaban incluidos en la reforma negada?, ya que de ser afirmativo, lo más justo es que los ciudadanos venezolanos nos incorporemos al debate para introducir dentro de esa consulta la modificación de artículos que fueron rechazados y que nos beneficiaban de manera directa.”…


Aclarado lo anterior, debo decir que la razón por la que me opongo a la enmienda que será sometida a consulta es la siguiente: “para que una modificación de esa naturaleza sea eficaz y efectiva, debe ir acompañada de un texto legal que regule las condiciones especiales bajos las cuales el funcionario que aspira ser re-elegido debe regirse; esto, con la finalidad de evitar que dicho funcionario haga uso abusivo de la posición que su cargo le otorga, pero además, el ciudadano común debe contar con la certeza de que existen órganos jurisdiccionales independientes que garanticen que el funcionario que abuse de su condición será sancionado como corresponda…”, “…Toda persona en ejercicio de un cargo, está en una doble posición de ventaja electoral, una que es legítima y legal y que se determina por su buena labor en el desempeño del cargo en el cual se encuentra; y otra ilegal e ilegítima que se determina por el uso abusivo de su condición de funcionario; si no se controla ésta última, los ciudadanos comunes perdemos la condición de igualdad que nos otorga el artículo 21 constitucional, y en consecuencia nos encontramos desprotegidos ante los abusos que se originan del mal uso del poder que le hemos delgado al funcionario en cuestión…”…


En los actuales momentos y como se desprende de la decisión emanada del T.S.J. respecto al recurso de interpretación que introducimos, no están dadas las condiciones para que el ciudadano común tenga la certeza a la que hice referencia anteriormente… y si no lo creen, analicen la argumentación dada en donde le solicitamos el pronunciamiento para que aclarase si el contenido rechazado podía ser propuesto nuevamente dentro del mismo período constitucional…, allí nos respondió diciendo que sí pero usando otro procedimiento, cuando el artículo 345 constitucional hace expresa referencia a la iniciativa de modificación rechazada y no al procedimiento que se utilizó para proponerla…


A lo anterior hay que sumar una interrogante, ¿Porqué si el Presidente de la República puede volver a proponer la modificación de normas ya rechazadas en una consulta anterior, no propuso la modificación de normas como las relativas a la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia, o a la de la reducción de la jornada laboral, o a la que le otorgaba rango constitucional a las misiones?, estas normas si beneficiarían de manera directa al PUEBLO, no la reelección continua, que lejos de beneficiarle los colocan en situación de desigualdad jurídica frente al Poder Constituido…


Creo que con lo anteriormente expuesto, queda claro que NO se trata de un capricho de un ciudadano malcriado que se opone por oponerse, es la argumentación legal invocada la que dice que NO debemos convalidar la intención del Poder Delegado de colocarnos en una situación de desigualdad jurídica…


El artículo 333 Constitucional nos obliga como ciudadanos a colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de esta Constitución, y el 334 constitucional, obliga a los jueces o juezas a asegurar la integridad de la Constitución…


Si ellos no lo hacen, debemos hacerlo nosotros… De esto depende que el pacto social que hemos suscrito todos los ciudadanos, y al que hemos decidido someternos sea realmente efectivo, y que los valores consagrados en el preámbulo de dicho texto constitucional sean alcanzables, lo contrario nos llevará por el camino de la anarquía…


¿QUIERES ANARQUIA?...


ENTONCES VOTA SI…


¿QUIERES JUSTICIA SOCIAL?...


ENTONCES DILE


NO


A LA ENMIENDA…

En cuanto a la Reforma del 2-D

El 30 de Noviembre de 2007, a sólo dos días para la realización del referéndum sobre la reforma, publiqué un artículo pagado en el diario últimas noticias, alertando a la población en general del porqué no debíamos aprobar dicha reforma… el texto íntegro de dicha publicación es el que sigue:


ALERTA


A LA OPINION PUBLICA EN

GENERAL


Debido a la gran cantidad de recursos pendientes por pronunciamiento por parte de la Sala Constitucional del TSJ y a la proximidad de la fecha para la realización del proceso de votación pautado para el domingo 2 de diciembre de 2007, y considerando que de dicho proceso, puede producirse un pronunciamiento sobre una reforma constitucional aprobada para ser sometida a referendo por un órgano del Poder Público no legitimado para tratar la materia contenida en el mismo.


Considerando también, que por tratarse de materia de orden público, me he visto en la imperiosa necesidad de notificarles por ésta vía, que en dicha sala, los señores Magistrados han decidido no pronunciarse sobre la usurpación en que ha incurrido la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al aprobar un proyecto de cambio constitucional a través de un mecanismo ineficaz para proponer que sean alteradas directa o indirectamente en forma negativa, normas constitucionales que consagran derechos y garantías para el pueblo, tal es el caso de los artículos 71, 72, 73, 74, 341, 342 y 348, en los cuales, se encuentran establecidos los derechos de participación y protagonismo del pueblo y que se refieren a las propuestas de iniciativas para colaborar con la formación, formulación y ejecución de las políticas públicas y en especial las de trascendencia NACIONAL.


Así mismo, le comunico, que el Poder Popular creado mediante la propuesta, solo tendrá derecho a proponer iniciativas para someter a referendo consultivo materias de especial trascendencia comunal, municipal y estadal (art. 71 modificado) y luego, no aparece por ninguna otra parte. De allí en adelante, se establece un aumento desproporcionado en los porcentajes requeridos para promover iniciativas por parte del pueblo, dejándose intacta dicha potestad para los órganos del Poder Público Nacional; colocando al pueblo en situación de desventaja con respecto a los intereses particulares de los detentadores del Poder Público.


¿Por qué la iniciativa es un derecho importante?: Porque una cosa es proponer una iniciativa y otra cosa muy diferente, es que esa iniciativa sea finalmente aprobada, se corresponden con dos momentos totalmente diferentes; así que, mal puede temer el Estado que una iniciativa deba necesariamente ser perturbadora, cuando también pudiera darse lo contrario, es decir, resultar totalmente necesaria para el buen funcionamiento de la gestión pública.


Si como miembros del Poder Popular no podemos proponer iniciativas, entonces debemos preguntarnos: ¿Qué derechos tenemos?, ¿Solo el derecho de organizarnos y formar “autogobiernos”?, ¿para qué?, ¿para seguir esperando a que el Poder Central se acuerde de nosotros y nos lance un salvavidas cuando ya estemos ahogados?, eso no es PODER AUTÓNOMO, eso es subordinación al Poder Público.


En la Constitución vigente, el artículo 5 establece: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Una forma de ejercer la soberanía es ejerciendo nuestros derechos, por lo que nadie puede proponernos a que renunciemos a ellos, ya que son derechos intransferibles e irrenunciables.


Esto equivale a que aceptemos una propuesta patronal que desmejore nuestras condiciones laborales, ¿estarías dispuesto a ganar menos y a trabajar más?, por supuesto que NO, igualmente ocurre con esos derechos a los que nos hemos estado refiriendo, ganaremos menos y trabajaremos más. ¿Qué tal?...


El pronunciamiento del pueblo mediante el voto, ha de realizarse sobre la base, de que el texto propuesto cumpla con los requisitos de legitimación establecidos en la Carta Magna. Ya que NO puede someterse a referendo, un texto que contenga normas modificadas que impliquen la renuncia a derechos consagrados en la Constitución vigente.


Esta restricción, coloca al principio de la soberanía popular en desventaja frente a los funcionarios electos, que se auto-protegen modificando disposiciones que apuntan hacia la democracia directa ya superada. Todo argumento de la gobernabilidad y la estabilidad que violente el principio de la soberanía popular es reaccionario y según el constituyente de 1999, la participación y el protagonismo del pueblo, conforman el eje central de la Constitución Nacional vigente, al ser consustanciales con el Estado democrático, definido en ella.


Estas modificaciones no las propuso el Presidente de la República en su propuesta original, fueron introducidas por la Asamblea Nacional, a sólo tres días de aprobar el texto definitivo de la reforma constitucional, ¿Por qué?, ¿a qué le temen?, ¿ha tenido tiempo el ciudadano Presidente de estudiar estas modificaciones?, ¿Estará de acuerdo el ciudadano Presidente en restringir nuestros derechos?, ¿habrán jugado de nuevo con su buena fe?...


La Sala Constitucional del TSJ, es el órgano encargado del control jurisdiccional de la Constitución, ¿Por qué no se pronuncia?, ¿a quién protege?, de seguro no es al pueblo, ya que dudo que haya sido el pueblo el que solicitó que le sean restringidos sus derechos y garantías.


Igualmente, la Sala Constitucional ya dejó en claro, que ningún órgano del Poder Público puede revocar el mandato de un funcionario electo por el pueblo: “…Cabe advertir que la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos por votación popular –Por ser éstos los que han de responder directamente al pueblo que los eligió para el desempeño de sus cargos- solo puede producirse mediante la realización de un referéndum revocatorio…” (TSJ / 02-0429 / 05-jun-2006). Así que, la Asamblea Nacional no tiene facultad para revocar el mandato de un funcionario público electo por el pueblo y menos para proponer que sea otro órgano del Poder Público el que lo revoque, tal y como lo pretende proponer al introducir la disposición transitoria décima segunda.


Esta disposición transitoria, tampoco estaba contemplada en la propuesta inicial, y al igual que los artículos citados anteriormente, fue introducida a solo tres días de la aprobación definitiva. ¿Por qué?, ¿Quién los autorizó?, ¿Sabía esto el ciudadano Presidente?...


Hasta la fecha de hoy, el gobierno a gastado ingentes recursos en campañas publicitarias resaltando las bondades de la reforma, promoviendo la maravilla que resulta la creación del “Poder Popular”, y hablando de infinidad de temas controversiales, pero nunca se ha referido al ¿por qué? de las restricciones mencionadas, ¿será que tiene miedo que el pueblo se entere?, y al enterarse, ¿comience a comparar como afectan estas restricciones al ejercicio de la soberanía popular?, y que una vez comparado, ¿termine dándose cuenta que el tan publicitado “Poder Popular”, no es tan maravilloso como lo pintan?…


EL PODER DE TODOS, ESTARÁ EN MANOS DE POCOS…


Señores, es tiempo de recapacitar, es tiempo de pensar, es tiempo de ejercer nuestra soberanía, es tiempo de decirle a la clase política, que la inocencia del pueblo se respeta, que no somos instrumento de burla y que la voluntad del pueblo no está subordinada a la voluntad del Poder Público.


Es tiempo de decirle NO al abuso.


De todo lo anterior, se pueden establecer solo dos conclusiones:


a.- Le corresponde única y exclusivamente a la Sala Constitucional del TSJ, establecer si el contenido del texto aprobado por la Asamblea Nacional, contiene normas modificadas que comprometen la integridad del texto constitucional vigente respecto a los principios fundamentales y derechos consagrados en el mismo; y


b.- La Asamblea Nacional, no tiene facultad interpretativa respecto a la materia de reserva legal establecida en los artículos 342 y 347 constitucionales, en consecuencia, no puede asumir para sí misma dicha facultad, por lo que, en caso de haber tenido dudas y con la finalidad de corregir los errores en que hubiese podido incurrir, estaba obligada a solicitar interpretación a la Sala Constitucional del TSJ.


Para la fecha en que fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional la propuesta de reforma constitucional; en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no aparece publicación alguna que se refiera a Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fijen la interpretación vinculante de los artículos 342 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


En función de lo anteriormente expuesto, se hace tanto imperativo como necesario, que la Sala Constitucional del TSJ, se pronuncie sobre la Inconstitucionalidad del acto de aprobación por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de reforma constitucional que posteriormente y de manera ineficaz a pretendido someter a referendo.


LA ASAMBLEA NACIONAL NO ESTA FACULTADA MATERIALMENTE, PARA MODIFICAR O RESTRINGIR PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS CONSAGRADOS EN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE PARA EL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO, ASÍ COMO TAMPOCO ESTÁ FACULTADA PARA PROPONER QUE SEA A TRAVÉS DE UN REFERENDO QUE DICHAS RESTRICCIONES SE MATERIALICEN…


De no haber un pronunciamiento en este sentido, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TODOS los ciudadanos que conformamos el pueblo de Venezuela estamos obligados a rechazar rotundamente la reforma constitucional propuesta, ya que la misma, pretende hacernos renunciar a derechos consagrados en la Constitución VIGENTE de la República Bolivariana de Venezuela…


Señores del Poder Público Nacional,

VAMOS A JUGARLE LIMPIO A VENEZUELA…

…ASI NO SE PACTA CON EL PUEBLO.

EL VOTO ES UN DERECHO, PERO SI NOS OBLIGAN A VOTAR,

¿VAMOS A VOTAR EN CONTRA DE NUESTROS DERECHOS?

¡CLARO QUE NO!

VAMOS A DECIRLE NO AL ENGAÑO,

VAMOS TODOS A VOTAR NO


Amante Crincoli

V 6.226.958



Como se puede observar, del texto anterior se desprende que El T.S.J. nunca se pronunció a este respecto antes de la consulta “INCONSTITUCIONALMENTE” convocada; y hasta la fecha no lo ha hecho, lo que quiere decir que la Constitución Nacional es letra muerta para ese órgano, ya que como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, El T.S.J., es el órgano jurisdiccional encargado del control de la constitucionalidad y en este caso en particular guardó un silencio cómplice…, también se puede observar que mi único interés fue alertar a la población sobre asuntos que se pretendían modificar en esa propuesta que no fueron suficientemente explicados a través de los medios de comunicación y que restringían derechos relativos a la participación y al protagonismo del pueblo en la toma de decisiones de trascendencia NACIONAL, así que bien pueden llamarme traidor al gobierno que nos quiso contrabandear estos cambios haciéndonos creer que beneficiaban, pero nunca traidor al PUEBLO al que quise alertar…